La Comunidad de Madrid abre en Leganés el primer centro público para ayudar a mujeres a dejar la prostitución
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, y el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, han visitado este lunes el primer centro público de atención integral para ayudar a mujeres a dejar la prostitución, cuya unidad móvil ha llevado a cabo unas 500 intervenciones desde marzo.
Se trata de un servicio pionero que gestiona la asociación APRAMP y que ofrece servicios a las mujeres desde un punto de vista multidisciplinar. Una de las grandes bazas del servicios es la unidad móvil que se desplaza hasta los lugares donde se encuentran las meretrices.
Allí, las técnicas las intentan convencer para derivarlas al centro leganense donde un equipo de profesionales les introduce en el programa. En el centro se abordan cuestiones sanitarias, laborales o de gestión administrativa.
El objetivo es prepararlas para que puedan acceder a un empleo y abandonen la prostitución, si bien para ello hay que determinar sus condiciones sociales o el impacto psicológico que tiene la mujer.
“Lo más complicado es acceder a ellas, y luego derivarlas a los programas”, detalla la directora del centro, Rocío Mora. Hasta el momento, la unidad móvil ha certificado más de 500 intervenciones con más de un centenar de mujeres. De todas ellas, siete han sido derivadas al centro leganense.
Desde marzo, la unidad ha actuado en San Sebastián de los Reyes, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Parla, Arganda, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.
La consejera ha asegurado que la puesta en marcha de la unidad móvil en la zona Sur y el Corredor del Henares se debe a que son enclaves donde se ha detectado que “necesitamos abordar esta atención multidisciplinar”. Por su lado, Recuenco ha admitido que la prostitución “es una realidad escondida”. “Sabemos que existe y cualquier recurso público es bueno”, ha señalado.
Una vez en el centro, asistentes sociales, abogadas o expertas en formación les indican las opciones básicas que tienen para una plena integración. El principal problema es que, al ser en buen porcentaje mujeres inmigrantes, el primer paso es obtener los ‘papeles’. “Sin papeles no hay integración”, esgrime la jurista del servicio, Domitila Barbulla.
En total, 16 profesionales se encargan del centro, 6 de ellos, en la unidad móvil. El centro está integrado por una coordinadora, dos psicólogos, dos abogados, dos trabajadores sociales, dos técnicos de integración social y una auxiliar administrativa.
Muchos de ellos ya habían trabajado con estos perfiles, pero otros, no. Alejandra, es trabajadora social y conoce el mundo: “Era un recurso muy necesario en la zona Sur”, sentencia. Para Elisa, abogada del centro, la experiencia destaca por afrontar cada caso desde un punto de vista “multidisciplinar”.