La Comunidad elabora una guía en lectura fácil para conocer y solicitar el servicio de asistencia jurídica gratuita
Incluye información clara y sencilla para que las personas con discapacidad puedan tanto informarse como resolver sus dudas sobre el proceso

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La Comunidad de Madrid ha elaborado una nueva guía en lectura fácil para que las personas con discapacidad comprendan mejor el proceso de solicitud de asistencia jurídica gratuita y conozcan este servicio público que garantiza el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de su capacidad económica, que se recoge en la Constitución Española.
“Este texto, elaborado junto con de la entidad sin ánimo de lucro Plena Inclusión Madrid, es un ejemplo más del compromiso de este Gobierno por hacer una Justicia más accesible y cercana”, ha destacado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los medios de comunicación.
Se repartirán en los servicios de orientación jurídica de los juzgados de la región y ya está disponible en soporte digital en la página web de la Comunidad de Madrid. Incluye información sobre qué es la asistencia jurídica gratuita, qué requisitos se deben cumplir para solicitarla y tanto la documentación a presentar como el lugar para hacerlo. También cuenta con instrucciones sencillas para rellenar la solicitud.
“Esta guía se une a iniciativas como los facilitadores judiciales, los vídeos explicativos para personas con autismo, la señalética adaptada en las sedes judiciales o el servicio de perros de apoyo a menores, entre otras”, ha recordado García Martín.
📖 La Comunidad de Madrid elabora una guía en lectura fácil para conocer y solicitar el servicio público de asistencia jurídica gratuita.
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 20, 2025
👉 Información clara y sencilla para que las personas con discapacidad puedan informarse.
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La Comunidad de Madrid reconoció el derecho de asistencia jurídica gratuita y concedió este recurso público a 70.677 personas el año pasado. En 2025 invertirá 57 millones de euros para garantizar este derecho constitucional a través de los colegios de abogados y procuradores de la región, lo que representa un aumento del 13,2% con respecto a 2024.