Se aprueba el proyecto de ley que transformará 20.000 oficinas en viviendas de alquiler asequible

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que recoge nuevas medidas urbanísticas para fomentar la vivienda protegida. Esta normativa permitirá la transformación de espacios que hasta ahora eran oficinas en pisos de alquiler con un precio asequible. Con la puesta en marcha de estas medidas proactivas se pretende estimular el mercado inmobiliario.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha elaborado este texto legal con las aportaciones, tanto de colectivos del sector como de los ayuntamientos, realizadas durante el trámite de audiencia e información. Tras su aprobación se remite a la Asamblea de Madrid para su validación y entrada en vigor a finales de junio.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha resaltado que la iniciativa promueve “el aumento del parque de vivienda regional para facilitar así su acceso a los madrileños”. El Gobierno autonómico estima que la liberación de, aproximadamente, 1,8 millones de metros cuadrados en locales, pertenecientes a distintos municipios, se podrán convertir en 20.000 viviendas.

La normativa simplifica los trámites burocráticos al implementar una medida, temporal y extraordinaria, que autoriza la modificación del uso de suelo calificado como terciario (destinado a oficinas) a uno residencial, sin necesidad de hacer un cambio en el planeamiento urbanístico, para implantar viviendas de protección pública (VPP) en régimen de alquiler.

El proceso se podrá efectuar solicitando una licencia al ayuntamiento de la localidad, que tendrá hasta cuatro meses de plazo para tomar una decisión. Si se concede el permiso, aplicable a parcelas vacías y a infraestructuras completas de edificios ya existentes, se habilita un tiempo máximo de tres años para ejecutar la obra.

Esta iniciativa también exime de los trámites habituales a las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos que vayan a destinarse a la implantación de VPP. De esta manera se agiliza la construcción reduciendo el plazo de edificación entre ocho y 12 meses. Además, el nuevo texto legal establece un máximo de una plaza de aparcamiento por vivienda, respetando en todos los casos la autonomía local. En esta línea, los ayuntamientos podrán definir los ámbitos territoriales para su implantación, perfilar la aplicación en el término municipal que representan y establecer condiciones adicionales a las recogidas en la ley de la Comunidad.