Getafe estudia personarse en el proceso judicial contra el festival

Tras conocerse esta semana la apertura de juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y la propia mercantil por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en relación al ruido generado durante la edición de 2023 a pocos metros de viviendas, el Ayuntamiento de Getafe ha anunciado que estudia personarse en el proceso.

El Juzgado número 34 de Madrid investiga los hechos a raíz de una denuncia vecinal. La plataforma Stop Mad Cool, integrada por asociaciones de esta índole de Villaverde y Getafe Norte, ya se encuentra personada en la causa y reclama ahora una indemnización de 10.000 euros. Desde el Gobierno local recuerdan que han venido colaborando con el Juzgado en todo momento, aportando documentación y mediciones acústicas que evidenciaron niveles superiores a los permitidos por la normativa en el citado año.

Según el consistorio, esta situación se repitió en 2024, tanto en el Mad Cool como en el Reggaeton Beach Festival, y también en 2025. El Ejecutivo de Sara Hernández insiste en que el recinto elegido para estos macroeventos “no es un lugar idóneo” y ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, que no conceda nuevas licencias en ese espacio. Además, han trasladado los informes al Ayuntamiento de Madrid y se han incorporado a los procesos judiciales en curso sobre estos eventos. Por su parte, desde el Consistorio de la capital reiteran que seguirán sancionando cualquier superación del ruido que contravenga la normativa.

INHABILITACIÓN

Respecto a los detalles correspondientes a la apertura de juicio oral, en su escrito de acusación, la Fiscalía solicita para José Javier A. L., administrador único del festival, dos años de prisión, multa de 12 meses con cuota diaria de 30 euros y la inhabilitación especial de dos años para el ejercicio de profesión u oficio de explotación de locales y eventos musicales. Para la mercantil Mad Cool Festival S. L., pide una multa de dos años con cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para obtener ayudas públicas, contratar con el sector público o acceder a incentivos fiscales y de la S.Social en el mismo periodo.