El Ayuntamiento ordenó hace un año el desalojo de las infraviviendas que han ardido está madrugada

El Ayuntamiento de Leganés ordenó hace un año el desalojo y desmantelamiento del poblado chabolista de Leganés Norte donde esta madrugada han ardido sin heridos hasta 13 infraviviendas, de las cuales 10 estaban habitadas.

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la región han intervenido para cortar la propagación del incendio. Según han indicado a través de la cuenta de X de 112 Comunidad de Madrid el fuego se ha propagado con “virulencia” y cuatro personas han tenido que ser realojadas.

Según un informe al que accedido Europa Press, el Servicio de Patrimonio, en coordinación con la Policía Local y Servicios Sociales, tramitó en noviembre del pasado año “los correspondientes expedientes administrativos de recuperación del dominio público municipal con todas las garantías legales y agilidad”. Todo ello a raíz de informes de la Policía Local que recogían las intervenciones realizadas.

Los habitantes de estas infraviviendas incumplieron el desalojo pese a “las garantías legales del Decreto”, según las mismas fuentes. Por ello, el Ayuntamiento tuvo que proceder a través de la Asesoría Jurídica Municipal “a solicitar autorización judicial de entrada en domicilio”.

Se trata de un procedimiento judicial para que el juez, a solicitud de la Administración y a la vista del expediente, permita “ejecutar la resolución”. Este procedimiento “actualmente se encuentra tramitándose”, según han informado fuentes municipales.

EL RECURSO

Paralelamente, la representación procesal de uno de los ocupantes interpuso un recurso a través del Procedimiento Ordinario 295/2025, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 27 de Madrid, instando a adoptar como medida cautelar “la suspensión de la ejecución del Decreto de recuperación de la posesión en vía administrativa”.

El juzgado estimó este recurso, de tal forma que “en el momento actual”, el Ayuntamiento “no puede recuperar la posesión ni desalojar a este ocupante”.

El Consistorio leganense ha interpuesto un “recurso de apelación contra el auto de suspensión en lo que se llama la Pieza Separada de medidas cautelares, sobre todo con la potente argumentación de que las fincas objeto del expediente son inundables y son dominio público hidráulico”, algo que está “avalado por un informe del jefe de medio ambiente”. El recurso está admitido y “actualmente pendiente de tramitarse en la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.