Trámites ciudadanos en cinco minutos o un Comité de Ética, entre las claves de la Ley de Administración Digital e IA

Simplificar trámites administrativos a los que tiene que hacer frente el ciudadano en su día a día para que no conlleven más de cinco minutos de su tiempo es uno de los retos a los que quiere hacer frente la Comunidad de Madrid con el empleo de la Inteligencia Artificial en la automatización de tareas como el prerellenado de datos en formularios, la detección de errores o la generación automática de borradores.

Este es uno de los objetivos que se marca la nueva Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA), una norma que en líneas generales busca mejorar los servicios públicos digitales y su relación con el ciudadano. Tiene previsto llegar a la Asamblea de Madrid para su votación a finales de mayo o principios de junio.

“Es un avance para esta administración que queremos, más próxima, más cercana, que sea interoperable, que sea explicable y, sobre todo, que los ciudadanos puedan ver que esta ley les va a permitir que nosotros simplifiquemos como obligación”, según ha detallado el consejo de Digitalización, Miguel López-Valverde, en un desayuno para explicar la nueva norma.

Se busca así impulsar una Administración “más moderna, accesible y eficiente”, enfocada en la plena digitalización de los servicios públicos, la implantación de tecnologías emergentes, especialmente la IA, y la importancia del dato como elemento central, todo ello, eso sí, siempre bajo una supervisión humana final.

Uno de los aspectos importantes será la identificación del ciudadano para su relación con la administración mediante sistemas seguros, a través de certificados electrónicos, claves o la biometría, con proyectos ya en marcha como IDentifica. “En un futuro vendrá el DNI digital a nivel europeo”, ha explicado el consejero.

Una vez que el ciudadano otorgue el consentimiento para el uso de la información que obra en poder de la administración, garantizando en cualquier caso la protección de los datos personales y la transparencia en la toma de decisiones, estas herramientas permitirán agilizar procedimientos administrativos como la tramitación de subvenciones, contratos y formularios, así como anticiparse a sus necesidades.

Se hará con sistemas de prerellenado automático de datos o motores de detección automática de errores o incoherencias en solicitudes y formularios, así como mediante la generación automática de borradores de solicitudes, escritos o resoluciones qué únicamente tendrán que ser supervisados por el ciudadano o el funcionario. Igualmente, se contará con asistentes conversacionales para resolver dudas o guiar paso a paso en los trámites y se creará un archivo electrónico único.

Además, se avanzará hacia unos servicios públicos proactivos que se adelanten a las necesidades del usuario, con avisos sobre ayudas o subvenciones que coincidan con su perfil o para que no tengan que repetir sus datos, potenciando las herramientas e iniciativas que ya están puestas en marcha.

Del mismo modo, determina cómo deben emplearse los canales electrónicos del Ejecutivo regional como Cuenta Digital, la App que permite a los madrileños acceder a más de 170 servicios desde cualquier dispositivo y que incorporará nuevos servicios, para una comunicación más sencilla.

Además de facilitar el trabajo de los funcionarios en tareas repetitivas, se incorporarán medidas que garanticen la transparencia de los algoritmos, la protección de los datos personales y la supervisión ética de los sistemas automatizados. En este sentido, la ley establece un modelo común para el gobierno y la gestión del dato público que garantiza la calidad, trazabilidad e interoperabilidad de la información, fomenta su uso compartido dentro de la administración y promueve su publicación en formatos abiertos para favorecer la innovación.

CAPACITACIÓN DIGITAL

Del mismo modo, se impulsará la capacitación digital tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos. “Los verdaderos motores de cambio son los ciudadanos y los empleados públicos. Nosotros al final solo ponemos herramientas y escuchamos”, ha apuntado el consejero del ramo, que ha recordado que ya se trabaja en esta tarea con iniciativas como Madrid Aula Digital, una plataforma que forma en competencias innovadoras, o programas específicos para funcionarios sobre el uso de IA.

UTILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS

“También escuchamos a los ciudadanos, algo que ya se hace en los laboratorios de ciudadanía, donde nos cuentan y nos dicen qué les parece, si es usable o no es usable, si es fácil o no es fácil, en cuyo caso lo cambiamos, porque al final la tecnología tiene que estar a disposición de nuestros ciudadanos, que es a los cuales nos debemos”, ha remarcado López-Valverde.

En cualquier caso, desde la Administración regional se seguirá garantizando la presencialidad. “Esta ley rige la parte digital, pero lógicamente la Comunidad de Madrid está impulsando todo lo que es la presencialidad, a través del 012, Atención al Ciudadano, tanto en la parte física con oficinas como en la parte móvil, que están yendo a los municipios para llevar todos estos trámites allí”, ha explicado el consejero.

IMPULSO PARA EMPRESAS

La norma también apoyará a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización, con la vista puesta en el objetivo final de una mayor competitividad y productividad. Igualmente, adaptará los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como la confidencialidad y el secreto empresarial, de acuerdo con la legislación aplicable.

Además, la Comunidad prestará apoyo a las entidades locales para que puedan desarrollar e implantar sus propios sistemas de inteligencia artificial, conforme a lo establecido en esta ley, y propondrá soluciones adaptadas a las necesidades y características de cada ayuntamiento.

CIBERSEGURIDAD

En materia de infraestructura digital y ciberseguridad, con este texto se refuerza la protección de sus sistemas y datos mediante políticas específicas de prevención y respuesta ante incidentes, incluyendo el desarrollo de la iniciativa Escudo Digital.

La norma también apuesta por la formación digital continua de empleados públicos, ciudadanos y empresas en el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes. Asimismo, se refuerza el apoyo a la innovación y al tejido empresarial, especialmente a pymes, startups y al ámbito universitario, mediante programas que fomentan la investigación en IA, los centros de excelencia y el desarrollo de un ecosistema competitivo e innovador en la región.

COMITÉ DE ÉTICA

Para asegurar una correcta aplicación de la norma, la ley se apoyará en la Oficina de Impulso a la Inteligencia Artificial, encargado de coordinar, supervisar y garantizar un uso ético y responsable de la IA en la administración pública, y en un Comité de Ética, que actuará como garante de que se respeten principios como la no discriminación, la protección de datos personales y la explicabilidad de las decisiones automatizadas. Además, emitirá dictámenes y recomendaciones no vinculantes.

Con esta nueva norma se busca desarrollar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA), un instrumento legal común para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial que eviten los riesgos para las personas.

En la actualidad se encuentra tramitándose en la Administración General del Estado un anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, que desarrolla el RIA, en el que se fija un sistema de gobernanza nacional y un régimen sancionador.

El anteproyecto de Ley madrileña comenzará a circular a la Oficina de Impulso a la IA y al Consejo Asesor de Transformación Digital para que realicen sus aportaciones y posteriormente se elevará a consulta pública, paso previo a su aprobación en Consejo de Gobierno.