La Comunidad defiende que la Ley de Universidades garantizará la convivencia y acusa a la oposición de “desconocimiento”

El Gobierno regional se plantea introducir en la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades un régimen sancionador, que podría incluir multas económicas, para las instituciones educativas que no controlen escraches y acampadas que afecten al desarrollo con normalidad de la actividad habitual impidiendo la entrada a clase de los alumnos que asistan, invadiendo espacios, faltando al decoro o acosando a un personaje público.

Desde el Ejecutivo madrileño todavía tienen que perfilar esta medida que incluirá la nueva normativa, pero quieren establecer una líneas generales ya que consideran que hay ciertos límites que no se pueden cruzar. “Queremos asegurar que se mantiene, en primer lugar, el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios, en los campus, e igualmente, queremos poder sancionar a aquellas universidades que no cumplen con los requisitos mínimos de titulación, de infraestructuras...”, ha expresado.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha anunciado que la intención es llevar a cabo “sanciones de tipo institucional”. Una vez definida la normativa, a lo largo del mes de julio, pretenden entregar un primer borrador a las partes que atañe. Posteriormente quieren abrir “una fase de diálogo” para “recoger su parecer y sus percepciones”, con la finalidad de “conseguir un texto lo más consensuado posible”.

LA OPOSICIÓN RECHAZA ESTA MEDIDA

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha considerado que con esta normativa la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, “demuestra una vez más que es alérgica a los derechos políticos de los estudiantes”. Ha estimado que se trata de una “represalia” debido a las movilizaciones de los estudiantes “contra el genocidio en Gaza” y por lo tanto “que es alérgica a la libertad”. En sus declaraciones lo ha calificado como un “intento más de amordazar cualquier expresión de disenso contra las políticas de la presidenta”.

Por otro lado, Bergerot ha criticado, haciendo alusión a los fondos económicos que destina la Administración autonómica a estas instituciones, que “mientras la Comunidad de Madrid ahoga financieramente a las universidades públicas”, pretende “sancionarlas por la participación política de sus estudiantes”. En esta línea, ha advertido que su entrada en vigor supondría “un atentado contra la libertad de expresión y la autonomía universitaria”.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha manifestado que le “encantaría que el gobierno de Ayuso por una vez hiciera algo a favor de las universidades públicas madrileñas, por ejemplo, aumentar los fondos para los másters o no luchar, como ha sido hasta ahora su política, contra las bajadas de las tasas universitarias”.

“Todo lo demás es intentar incorporar las universidades públicas al barro de la confrontación política en la que Ayuso vive tan contenta y en la que el resto de los madrileños nos sentimos muy disgustados”, ha sentenciado.

Desde el PSOE, el portavoz de Educación en la Asamblea, Esteban Álvarez, ha calificado de “auténtico despropósito” el anuncio de Viciana ya que considera que “sólo persigue continuar la campaña de desprestigio contra las universidades públicas madrileñas”.

En sus declaraciones, el diputado socialista, ha señalado que las universidades “ya tienen un decreto de convivencia referido a los incidentes que puedan ocurrir entre alumnos”, para puntualizar a continuación que estas entidades “no son responsables ni tienen medios para hacerse cargo” de los incidentes que puedan ocurrir en sus campus. “Sería tanto como hacer responsable al Ayuntamiento de Madrid de los incidentes que pudieran producirse en una manifestación ocurrida en sus calles, y más si lo que se pretende es imponer una sanción económica”, ha ejemplificado. “En definitiva, el Madrid de Ayuso, la educación como un negocio y no un derecho”, ha concluido.

“NEUTRALIDAD” EN VEZ DE “IDEOLOGÍA”

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado en un comunicado que “en la universidad se ha dejado imponer la ideología cuando en los colegios, en los institutos y en la universidad lo que tiene que haber es neutralidad, no tiene que haber ideología y tenemos que ser muy vigilantes con esto”.

La diputada autonómica ha expuesto que lo que no puede ser es lo que le ocurrió a ella. “Ir a la Universidad Autónoma a dar una conferencia y que te hagan una amenaza de muerte delante de todo el mundo. No puede ser que uno vaya a la Universidad Complutense y te apedreen el coche, como me pasó a mí también”, ha lamentado.

Monasterio ha insistido en la necesidad de “defender la libertad y la diversidad de opiniones” en la universidad. “Eso en Madrid no está pasando y a eso es a lo que hemos llegado por la falta de defensa de la neutralidad. Y si no tenemos neutralidad, ¿cómo vamos a educar a nuestros jóvenes? Si tenemos jóvenes que no son capaces de respetar las distintas ideas y sus profesores son los que les adoctrinan, pues vamos muy mal”, ha declarado.

DESACUERDO POR “DESCONOCIMIENTO”

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la nueva Ley de Universidades, que se encuentra en elaboración, busca “asegurar la convivencia en el ámbito universitario”, haciendo “compatible el derecho de reunión y el derecho de manifestación” con la labor de formación y de investigación de estas, y ha acusado a la oposición de “desconocimiento”.

“Es un ejercicio de responsabilidad, que lógicamente no se le puede pedir a los líderes de la oposición que tan solo están en la política del desgaste sin aportar nada positivo ni nada óptimo para nuestra región”, ha manifestado y ha asegurado que habrá “un respeto absoluto a las competencias en materia de seguridad”, que se ejercen desde la Delegación del Gobierno, así como a la “autonomía de las universidades”.