La Comunidad ofrecerá de forma gratuita asesoramiento judicial y atención psicológica a víctimas de ‘okupación’

La Comunidad de Madrid ofrecerá de forma gratuita asesoramiento judicial, asistencia especializada y atención psicológica para las víctimas de ‘okupación’ en la región. Así lo ha anunciado este lunes la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, explicando que los afectados podrán recibir estos servicios de manera inmediata.

Los abogados de los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares se encargarán de prestar asesoramiento jurídico, mientras que la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la región ofreceránatención psicológica. En este último servicio se pondrá especial atención a las personas de mayor vulnerabilidad.

El procedimiento que se llevará a cabo en estas situaciones parte del protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas, que ha firmado la dirigente madrileña con los decanos de los colegios de abogados y procuradores. El documento ha sido rubricado por decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y de Alcalá de Henares, así como por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Según ha indicado Ayuso, se estima que en este momento hay más de 9.000 casas okupadas en la región. “Y, aunque la Comunidad de Madrid carece de las competencias suficientes para solucionar definitivamente esta lacra, no vamos a ponernos de perfil”, ha trasladado.

Además, ha puesto en valor que hasta la fecha la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la región ha abonado más de dos millones de euros en ayudas para arrendadores afectados por situaciones de impago o por ser víctimas de okupación de sus viviendas.

NUEVO SERVICIO ESPECIALIZADO

Para dar respuesta a este tipo de demandas, el Gobierno autonómico habilitará, a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, un nuevo servicio especializado sobre esta problemática y establecerá un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación. De esta forma, se pretende garantizar la atención instantánea a las víctimas y la consiguiente ayuda.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha alertado de la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces autorizar la expulsión inmediata de los okupas y otorgarles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos que lo requieren.

“Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad”, ha señalado.

ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y BARRIOS DETERIORADOS

La dirigente autonómica ha subrayado algunas de las situaciones que se dan detrás de cada denuncia y de las personas afectadas. Hay propietarios que pierden sus casas, “vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados”.

“Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos”, ha apostillado. En este sentido, ha sostenido que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas, alegando que esto “va de delitos, pero también va de derechos fundamentales”.

PROTEGER LA CONSTITUCIÓN Y DEFENDER EL ESTADO DE DERECHO

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea, ha resaltado que las denuncias por okupación han aumentado más de un 7% en España y detrás de ellas “hay personas que se ven desprotegidas de su derecho a la libertad y a la propiedad”.

En la misma línea, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Ángel Llamas, ha puesto en valor la labor del Ejecutivo regional porque ha incrementado “bastante su esfuerzo” en los servicios de orientación jurídica y espera que así las víctimas puedan contar con la atención de los profesionales ante estas situaciones.

Por último, ha tomado la palabra el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, quien ha asegurado que en su institución son “firmes defensores del Estado de Derecho” y de la democracia basada en el respeto a la propiedad privada. “El caso de la ocupación es un supuesto en el que ese principio básico de convivencia se ve amenazado. Y aunque pueda parecer lo contrario, es un principio que hay que proteger todavía en nuestros días”, ha apostillado.

MÁS DE 4.000 LLAMADAS

Díaz Ayuso ha destacado que el teléfono 112 Ocupación, desde su puesta en marcha en junio de 2022 y hasta el 30 de abril de este año, ha recibido 4.041 llamadas. Durante este periodo, 246 ciudadanos han alertado sobre la ocupación de su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en hasta 44 ocasiones.