Alcorcón reprocha en el Senado el “tapón” de Ayuso a Ley de Vivienda que Badalona dice que genera “inseguridad jurídica”

El alcalde de Badalona, el ‘popular’ Xavier García Albiol, advirtió en el Senado de que la Ley estatal de Vivienda está generando “inseguridad jurídica” y provocando la retirada de pisos del mercado del alquiler, mientras que la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa Romero, defendió su aplicación y ha acusado a la Comunidad de Madrid de bloquearla por un “tapón ideológico”.

En esta línea, ambos regidores confrontaron sus diagnósticos sobre la norma durante sus comparecencias en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Alta, donde contrapusieron dos modelos distintos sobre la regulación del mercado, el papel de las administraciones públicas y las soluciones a la crisis de acceso a la vivienda.

Mientras Albiol reclamó reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, agilizar licencias urbanísticas y revisar medidas regulatorias que, a su juicio, reducen la oferta, Testa apostó por ampliar el parque público, limitar la especulación inmobiliaria y aplicar topes al alquiler.

En este sentido, la alcaldesa socialista defendió que donde se aplica la ley estatal se están produciendo descensos en los precios del alquiler y puso como ejemplo Barcelona, donde aseguró que han bajado un 4,9 por ciento, frente a la subida cercana al 10 por ciento registrada en Madrid en el mismo periodo. “Estamos viendo dos modelos: el modelo de lo público y el modelo de todo vale”, afirmó.

TESTA ACUSA A AYUSO DE “BLOQUEAR” LA APLICACIÓN DE LA LEY

Por su parte, Testa defendió la utilidad de la Ley estatal de Vivienda y responsabilizó al Gobierno regional madrileño de impedir su desarrollo en municipios como Alcorcón. “Hay un tapón ideológico en la Comunidad de Madrid, que no colabora con el Estado ni con los ayuntamientos”, afirmó.

Según explicó, la aplicación de la norma permitiría limitar los precios del alquiler durante tres años mientras se incrementa el parque público y movilizar hasta mil millones de euros en políticas de vivienda en la región.

“La ley estatal nos permitiría regular los precios mientras hacemos vivienda pública, pero no llega a Alcorcón ni a muchísimos municipios”, lamentó.

Además, defendió la necesidad de intervenir el mercado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. “Me niego a llamar mercado lo que no lo es. Los derechos sociales no se venden ni se compran en un mercado”, señaló.