El Partido Popular denuncia una “grave irregularidad” en el contrato de seguridad privada en las fiestas

El PP de Alcorcón ha denunciado una “grave irregularidad” en la contratación del servicio de seguridad privada durante las Fiestas Patronales 2025, al asegurar que el Ayuntamiento “recurrió de forma verbal y sin contrato válido” a una empresa “expresamente excluida del procedimiento por no cumplir los requisitos legales”.

“El problema no es un error administrativo, es una gestión temeraria del dinero de todos los vecinos. Se adjudica a dedo un servicio millonario a una empresa que no podía contratar, después de que la Mesa, de la que estamos excluidos, hubiera declarado desierto el procedimiento”, ha destacado el portavoz ‘popular’, Roberto Marín.

Frente a estas acusaciones, fuentes municipales han afirmado que “no se trata de ninguna empresa prohibida” y que todo el proceso se desarrolló conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

No obstante, han precisado a Europa Press que, tras detectar que la mercantil no se encontraba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, se adoptaron medidas para declarar nulo el procedimiento “por falta de diligencia de la empresa”.

Desde el PP sostienen que el origen del problema está en que la licitación para la contratación del servicio de seguridad privada del perímetro del Recinto Ferial quedó desierta en una primera convocatoria y que, en una segunda, sólo concurrió una empresa, que fue rechazada por la Mesa de Contratación “al constatarse precisamente que no se encontraba al corriente de sus obligaciones”, declarándose de nuevo desierto el procedimiento.

“Pese a ello, y a tan solo tres días del inicio de las fiestas, el Ayuntamiento solicitó verbalmente a esa misma empresa que prestara el servicio de seguridad, que finalmente se llevó a cabo sin contrato válido y dio lugar a una factura de 57.661,95 euros”, han aseverado desde la formación.

Posteriormente, tanto la Intervención General como la Asesoría Jurídica municipal alertaron de “graves irregularidades” en el procedimiento. “El Gobierno municipal debe explicar quién dio la orden verbal para saltarse la ley, qué cargo político o técnico asumió esa decisión y por qué, pese a las advertencias internas, se siguió adelante”, ha añadido Marín.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que se trata de una contratación que ha contado con dos licitaciones y que se ha tramitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, “con todas las garantías y todos los cauces legales”.

Según el Consistorio, el procedimiento incluía una declaración responsable de la empresa, con la que se había trabajado en años anteriores durante las fiestas, y que “aseguraba que cumplía con los requisitos” exigidos para contratar con la Administración. Al comprobarse que no era así, se pusieron en marcha diversas actuaciones.

La intención municipal es declarar nulo el procedimiento “por falta de diligencia de la empresa”, que “era conocedora de la falta de veracidad de su propia declaración responsable” y de que “no podía prestar sus servicios a una Administración pública”.

Por este motivo, se inició el procedimiento de nulidad en la Junta de Gobierno Local, con el objetivo adicional de poder abonar los salarios a los trabajadores que prestaron el servicio, han subrayado.